Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana
Núcleo Guacara Licenciatura de Administración y Gestión Municipal
Turno: Nocturno Semestre: VI Secciones 04 y 07
Materia: Políticas Públicas Prof. Enzo Pernalete
Asunto. Guía Pedagógica Unidad II Naturaleza de la Acción Pública, Intervención Gubernamental, Evaluación del Rendimiento
Contenido
2.1. La Lógica de la intervención del Estado.
2.2. Los Fallos de Mercado y los fallos de la intervención estatal en los mercados.
2.3. Principios Generales de las políticas sociolaborales en el mercado de trabajo.
2.4. La evaluación de las políticas relativas al mercado de trabajo.
2.5. Modalidades de evaluación: administrativas y económicas.
2.6. El impacto de la evaluación.
2.7.- La evaluación de los efectos de las políticas sociolaborales.
2.1. La Lógica de la Intervención del Estado
En la época moderna los gobiernos han mostrado interés en intervenir sobre el proceso económico.
La intervención del Estado en el sistema económico se ha dado prácticamente desde la aparición en cuanta organización social máxima de éste. Ya en la antigua Grecia, los Imperios Romano y Bizantino tenían un Estado interventor, lo mismo en la Edad Media. En un principio simples motivos políticos y militares llevaron a los gobiernos a participar en la producción (fábricas de armas por ejemplo) e intentar controlar las actividades comerciales. La época mercantilista se caracterizó precisamente por el excesivo intervensionismo estatal, denunciado posteriormente por los economistas clásicos.
La economía clásica y los fisiócratas pugnaron por el laisse faire que implica la nula intervención del Estado en los asuntos económicos, salvados los aspectos necesarios para la subsistencias de la sociedad, como era para asegurar la paz exterior e interior y la garantía de la propiedad.
A pesar de la propuesta de los clásicos, el Estado tuvo que intervenir en varios aspectos de la economía en el siglo XIX. Debido al impacto de la industrialización, los gobiernos (el inglés en primer lugar) tuvieran que intervenir para paliar las pésimas condiciones de trabajo de la clase obrera; la factory reform inglesa de la década de 1830 y 1840 limitó el empleo de los niños y las horas de trabajo diario y reguló el empleo de las mujeres, al tiempo que nombró inspectores de fábricas; la ley de salud pública de 1848 estableció normas que permitían la intervención del estado en este campo.
Con el surgimiento del estado de Bienestar, la intervención estatal se amplió considerablemente al campo de los seguros sociales y a la intervención en el mercado de trabajo.
Pero fue a partir de la depresión de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial cuando la intervención estatal se amplió de forma importante. El intervensionismo en las épocas de guerra y de depresión económicas amplió las funciones del Estado y aumentó el gasto público y aunque tras la vuelta a la paz cierno algunos gastos, nunca retornaban a su nivel previo.
En el periodo de entre guerras surgieron los controles del comercio exterior y las intervenciones en los mercados de divisas. En ese mismo periodo se difundió la teoría keynesiana que proponía la intervención del Estado en la economía, a través de la política fiscal y la política monetaria, para evitar la crisis de desempleo. Por último, en el periodo posbélico se difundió la participación activa en pos del desarrollo económico.
La provisión por el Estado de servicios y bienes públicos tiene una larga historia, sin embargo, es solamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se generaliza en Europa la convicción de que es el Estado el sujeto económico que debe impulsar el crecimiento económico. De este modo, durante los años sesenta y setentas se generó un protagonismo creciente del Estado en las actividades industriales de los principales países europeos, surgieron así las primeras manifestaciones de las "economías mixtas de mercado" que suponían que más del 16.5 % del PIB (Producto Interno Bruto) era generado por el Estado en la Europa de los setentas.
El Estado, como representante oficial de la sociedad capitalista, tiene que hacerse cargo del mando de la producción, pero básicamente de la administración de la industria y de todas las ramas de la producción para que esta ya no perteneciera a unos u otros individuos en competencia, sino por el contrario, estas ramas de la producción pasarían a manos de toda la sociedad, con arreglo a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Engels, advertía una tendencia hacia la rectoría del Estado sobre la economía nacional, como algo inevitable, una transición obligada hacia una forma de capitalismo de Estado.
La presencia económica y social de un aparato burocrático, fuerte, centralizado y social es un elemento constitutivo básico en la modernización capitalista, cuyas políticas estatales han afectado los mecanismos, modalidades y tasas de acumulación de capital, y los mecanismos de distribución de los frutos del progreso técnico contenido en la industria.
El intervencionismo estatal ha existido siempre y en todos los ámbitos de la vida pública y privada. De hecho, la actividad reguladora mediante normas jurídicas, al tratar de ordenar la vida social, ya es una acción intervencionista. Sin embargo, el término se usa para significar distintos casos en los que esa actividad es considerada por algunos sectores políticos y económicos como rechazable.
En el orden de política internacional, se denomina intervencionismo a los actos mediante los cuales un Estado trata de influir en la decisión de otro de forma no legítima, mediante el uso o no de la fuerza.
Dentro de la propia política interna de un Estado se entiende por intervencionismo a las acciones de la administración central encaminadas a limitar la autonomía política de otras administraciones territoriales.
En materia económica para el liberalismo, el intervencionismo son aquellas acciones del Estado mediante las cuales se condiciona la actividad económica del país mediante la regulación del mercado laboral, fijación de precios y salarios, control de política monetaria y mercado cambiario, nacionalización de determinados sectores financiero, industria pesada y, en general, que atribuye una amplia capacidad al Estado como productor de bienes y servicios.
STIGLITZ Y LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA
El reciente anuncio de los premio Nóbel de Economía para este año ha servido ara destacar la importancia del trabajo de Joseph E. Stiglitz en el desarrollo de la economía de la información y sus análisis sobre las imperfecciones del mercado y sus implicaciones de política. En particular, la necesidad de que el Estado intervenga en el proceso de asignación de recursos y en el funcionamiento de los mercados. De la misma manera, se ha destacado también la crítica del autor tanto al llamado Consenso de Washington como a las recetas que del Fondo Monetario Internacional para superar la crisis económica de los países emergentes.
En las siguientes líneas se busca poner estas ideas de Stiglitz dentro de un contexto histórico y teórico que ayude a su mejor comprensión. Esto porque ellas son resultado de un largo trabajo del Premio Nóbel que llegó a su punto de mayor madurez en el umbral de los años noventa. Para esta época el autor consolidó una visión global del funcionamiento de una economía de mercado que denominó "nuevo keynesianismo", soportada por unos principios microeconómicos fundamentados en las consecuencias de la información imperfecta sobre el comportamiento de los agentes y de los mercados1.
La Economía de la Información Imperfecta
Muy brevemente, la información incompleta, desigualmente distribuida entre los agentes y costosa de adquirir, conduce a un comportamiento distinto al que tradicionalmente se conoce como el mecanismo de la oferta y la demanda. Los individuos se ven limitados en su racionalidad económica, deben destinar recursos a diferenciar, distinguir, clasificar a sus contrapartes en el intercambio de bienes y servicios, se ven a su vez incentivados a asumir un comportamiento estratégico fundamentado en el manejo ingenioso y ventajoso de la información privilegiada. El interés propio, motor de la actividad productiva y las decisiones económicas, es complementado por el oportunismo. Resultado: la calidad de los bienes y servicios depende del precio y del marco contractual que rodea las transacciones, la oferta y la demanda se hacen indiferenciables, los mercados generan desequilibrios, hay inercia en los precios y salarios, los consumidores y trabajadores son racionados en su acceso a los productos, al crédito y a los empleos, los inversionistas no encuentran mecanismos para protegerse de las contingencias que enfrentan sus decisiones. Al nivel agregado, esto se traduce en ciclos económicos, desempleo y producción deficitaria de bienes públicos2.
La economía de mercado se encuentra así seriamente limitada en su desempeño por la trinidad conformada por las imperfecciones en la información, en los mercados de capital y en la competencia3. Las implicaciones de esta trinidad sobre dicho desempeño se resume en los llamados "fracasos de mercado" y justifican la intervención estatal para "corregir" la asignación de recursos y los niveles y patrones de actividad productiva que ellos generan. Stiglitz lo expresó en términos muy precisos desde hace ya veinticinco años: una economía de mercado con estas características viola los principios de la Economía del Bienestar al no dar espacio para mejorar a algunas personas sin desmejorar a otras. Se requiere entonces de la intervención selectiva del estado si se desea un incremento en el bienestar de la población ante la imposibilidad de conseguir este resultado a través del libre juego de la oferta y la demanda4.
En muchas ocasiones Stiglitz ha defendido entonces los impuestos y los subsidios como mecanismos para tratar de inducir una asignación de recursos más acorde on criterios de bienestar, y hasta algunos controles a los mercados (a los flujos de capitales, por ejemplo)5. Y también ha subrayado la necesidad de que la acción estatal enfrente lo que él denomina la "peor manifestación" de la trinidad arriba mencionada, a saber, el desempleo6.
Límites a la Intervención Estatal
Stiglitz delimita muy claramente el alcance y los mecanismos de la intervención del Estado en la economía. Así por ejemplo, y frente al problema del desempleo, el autor sostiene que la mejor forma de enfrentar este problema en el corto plazo no es acudir a una política monetaria expansiva (poco efectiva cuando los mecanismos de transmisión no funcionan) ni a una reducción de salarios (que no necesariamente eleva la demanda por trabajo y que, en el pero de los casos, puede disminuirla), sino a un incremento en el gasto público7.
Esta medicina tiene, sin embargo, sus contraindicaciones: en particular, existen inconvenientes para sostener el déficit fiscal en el largo plazo, derivados del financiamiento del mismo, a saber, alzas en las tasas de interés (crédito interno), creciente inflación (emisión monetaria) y una situación cambiaria insostenible (crédito externo)8
Aún así, y tal vez esto reivindica a Stiglitz con ortodoxos y heterodoxos, es posible pensar que existe un nivel "óptimo" de déficit fiscal, el cual depende de las circunstancias particulares de la economía, incluyendo el momento del ciclo por el que ella atraviesa (política anticíclica), las perspectivas futuras de crecimiento (sostenibilidad de la deuda pública), el destino del gasto público (rentabilidad económica y social de la inversión), profundidad de los mercados financieros (posibilidad de "desplazamiento" del sector privado fuera de las fuentes de financiamiento), las tasas de ahorro y de inversión de la economía (naturaleza estructural o coyuntural del desequilibrio), etc9. Elaborando a partir de estas ideas cabe pensar que el nivel óptimo de déficit fiscal puede ser negativo en ocasiones (superávit) o menor al deseable o requerido para disminuir el desempleo en el corto plazo, lo que haría inaplicable la propuesta de Stiglitz más allá de una coyuntura determinada.
Tal vez es el momento indicado para poner también en contexto la posición de Stiglitz frente al recetario del Fondo Monetario Internacional para los países emergentes en crisis. Stiglitz destaca que las economías de la región en buena medida han inspirado esta ortodoxia que hoy guía buena parte de la política económica. En efecto, en su crítica a los principios del llamado Consenso de Washington, sostiene que éstos de hecho "catalizan" la experiencia de los países latinoamericanos en los años ochenta, caracterizada por políticas equivocadas, altos déficit fiscales, inversiones improductivas, elevados subsidios y un sector estatal ineficiente, con muy poco énfasis en las exportaciones y restricciones a las importaciones10. Más aún, el autor sugiere que el recetario de políticas propuesto o impuesto por el Fondo Monetario Internacional es resultado de la experiencia latinoamericana de la década inmediatamente anterior, con altos déficit fiscales y políticas monetarias laxas que condujeron a altas tasas de inflación11.
El problema con este recetario de austeridad, subraya Stiglitz, no es tanto que sea inadecuado en sí mismo, sino que en ocasiones, como en el caso de los países asiáticos en la segunda mitad de los noventa, fue aplicado en contextos completamente diferentes (superávits fiscales y altas tasas de ahorro doméstico) a los que predominaron en los países latinoamericanos en los ochenta (y, cabría añadir, también de la segunda mitad de los noventa)12.
De otro lado, el autor es también incisivo en su crítica a la tendencia de quienes defienden y llevan a la práctica los recetarios de ajuste de los organismos financieros internacionales de convertir los ingredientes de programas de medios (las políticas) en fines. Esto se aplica a políticas bien conocidas como la reducción de la inflación, la privatización, la liberalización financiera y la apertura comercial. Frente a esta última, la idea es bien clara: un país no puede gozar de sus beneficios si no cuenta con una economía competitiva13.
Pero debe tenerse en cuenta que la posición de Stiglitz respecto a los criterios y dirección de la intervención estatal en la economía es mucho más rica que sus críticas a la filosofía de los organismos multilaterales y, de paso, de mucha mayor utilidad para los debates criollos sobre modelos de desarrollo, reformas estructurales y política económica en general.
Esta posición parte de unos principios simples derivados de la evaluación de los modelos económicos de competencia y de su contraste con el comportamiento concreto de las economías de mercado. A la madurez de estos elementos ha contribuido significativamente el trabajo del premio Nóbel en las economías emergentes, en desarrollo y en transición hacia el capitalismo, que le ha permitido consolidar como punto de partida dos nociones centrales: por un lado, que tanto la intervención del Estado en la economía como su papel en el desarrollo de los países, tienen que girar alrededor de los mercados, sus características y sus problemas; por otro lado, que existen profundas diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo respecto a la naturaleza de los mercadas de cada uno de ellos14.
Este enfoque comparativo ha acercado paulatinamente a Stiglitz al terreno de la economía institucional: las diferencias entre países tienen que ver esencialmente con su organización económica, con la forma como los individuos interactúan en la producción y con las instituciones que median esas relaciones. Los mercados hacen parte importante de estas instituciones. Los países en desarrollo no sólo enfrentan imperfecciones en los mercados y carecen de algunos mercados esenciales (por ejemplo para diversificar riesgos), sino que, además, el marco institucional que tienen para enfrentar estos problemas es poco efectivo15.
De este marco institucional poco efectivo hacen parte las organizaciones gubernamentales que, por decir lo menos, tampoco cuentan siempre con la información necesaria y adecuada para intervenir en la economía y "mejorar" los resultados que producen los mercados imperfectos. Es fácil entender entonces que el dilema entre Estado y mercado sea para el autor un falso dilema y que nos recuerde a menudo la dificultad, casi imposibilidad, que existen para concebir una economía y un mundo sin imperfecciones16.
De aquí se derivan entonces los principios de intervención estatal que propone el nuevo Nobel de economía. De lo que se trata es de: impulsar el desarrollo de los mercados (en especial los financieros y de capitales), promover la competencia, intervenir preferiblemente mediante mecanismos de mercado y, finalmente, concentrar la acción estatal en unos pocos y fundamentales frentes de la sociedad para no perder eficiencia en la acción. Estos frentes son, por excelencia, aquellos en que los resultados que producen los mercados no son los socialmente deseables. Particular mención se hace en este sentido a la producción y distribución de los bienes públicos17.
Dados los beneficios que trae para la sociedad asegurar la competencia, éste debe ser, de acuerdo con Stiglitz, el principal objetivo de la política económica, por encima de los tradicionales debates entre propiedad privada o estatal o entre protección y apertura de la economía. Sólo cuando hay suficiente competencia interna, por ejemplo, se justificarían argumentos de protección a la llamada "industria naciente"18.
Para desarrollar este objetivo es indispensable que el gobierno defina con claridad y precisión las reglas del juego que rigen la competencia. Lo mismo se aplica a la promoción del adecuado funcionamiento de los mercados. Los complementos necesarios de esta tarea son la regulación y la supervisión que mitiguen los efectos de las imperfecciones de información. El uso de mercados o de mecanismos de mercado favorece y realza la eficacia de la acción estatal. La lista de ejemplos que señala el autor es amplia y bien conocida: subastas y licitaciones para la compra de bienes y servicios por parte del gobierno y para la asignación de los recursos públicos, contratación de actividades gubernamentales, adopción de mecanismos de transparencia y criterios de desempeño en estas actividades, estímulo a la participación de la comunidad en la selección, diseño y ejecución de proyectos y programas de gobierno19.
Las Bases de una Sociedad Democrática
Pero un estado efectivo es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. En efecto, para Stiglitz éste es resultado no sólo de la política económica sino también de la calidad de las instituciones de un país, las cuales, en últimas, determinan el entorno de operación de los mercados. Como ilustración el autor destaca la capacidad administrativa de las entidades estatales, la introducción de incentivos para privilegiar el interés general sobre el particular, el establecimiento de restricciones a la acción arbitraria, la lucha contra la corrupción, un sistema judicial independiente, la creación de contrapesos institucionales tales como la separación de poderes y de comisiones de vigilancia20.
Todos estos elementos, que pueden sorprender a aquellos que mecánicamente relacionan a Stiglitz con mayor intervención estatal frente a fracasos del mercado, provienen de la convicción que tiene el autor de que, si bien la "mano invisible" del mercado probablemente no existe, y lo sabemos por los indeseables resultados que éste produce en ocasiones, la "mano visible" del gobierno puede llegar a ser peor21.
El escenario se enriquece y clarifica al recordar que el nuevo premio Nóbel ha sostenido también que la búsqueda de un mejor funcionamiento de los mercados no es el único objetivo de la política económica. También es necesario promover un desarrollo sostenible y equitativo y contribuir decidida y directamente a la acumulación de capital humano y la generación y difusión del conocimiento, bien público por excelencia y principal motor para el avance de los países en desarrollo22.
El mensaje que deja Stiglitz luego de muchos años de trabajo parte entonces de los problemas de información de nuestras sociedades, que limitan no sólo el comportamiento de sus mercados sino también su dinámica general. Pero va mucho más lejos de la intervención estatal y del rechazo de los mercados, imperfectos por naturaleza. El mensaje es, según la lectura que hace el autor de estas líneas, la necesidad de consolidar una sociedad democrática sobre las bases de unas instituciones efectivas y una sólida economía de mercado. La información imperfecta es, por esencia, antidemocrática.
2.2. Los fallos del Mercado y los fallos de la intervención estatal en los mercados.
Dos son los motivos que justifican la intervención del Estado en la economía:
1.- La ausencia de eficiencia en los mercados
2.- La falta de equidad en los mercados
¿Qué entendemos por eficiencia?
Un sistema económico es eficiente si los individuos que en él participan alcanzan el máximo bienestar sin desperdiciar recursos.
En el sentido de Pareto, una asignación de recursos es eficiente si no es posible que uno o varios individuos mejoren sin que otro u otros empeoren.
Hay que advertir que el criterio de eficiencia económica no incorpora ningún criterio de justicia ni hace alusión a la equidad de las distintas situaciones
Recapitulando:
Un sistema económico es eficiente si no es posible producir más cantidad de un bien o servicio (o un grupo de ellos) sin disminuir la cantidad producida de otros.
La economía y los mercados son eficientes cuando están situados en la Frontera de Posibilidades de Producción
¿Existen situaciones ineficientes en las economías y los mercados?
Detrás de la definición anterior de eficiencia se encuentra un grupo de supuestos implícitos que la economía tiene que cumplir. Estos son:
Existe competencia perfecta.
Existe un sistema de derechos de propiedad que garantiza que los actos económicos tienen lugar en el mercado y que los precios reflejan toda la información posible
La información de los agentes es perfecta
Existe un sistema de mercados completo
Estos supuestos no se cumplen en la realidad generando, en cada caso, asignaciones ineficientes ya que los agentes económicos no estarán comprando-vendiendo las cantidades deseadas a los precios deseados.
El incumplimiento de estos supuestos se convierte en justificación para la intervención del Estado en la economía.
¿Son los mercados equitativos? ¿Generan los mercados situaciones de desigualdad? ¿Es ventajosa la desigualdad?
Otra de las razones que se plantean para que el Estado intervenga en la actividad económica es que los mercados generan en ocasiones situaciones injustas. De esta manera, el Estado redistribuiría renta a través de su actividad financiera (cobrando impuestos y gastando en aquellas políticas que crea necesarias).
Esta actuación del Estado genera controversias ya que existen distintas corrientes de pensamiento en torno a lo que el éste puede y no puede llevar a cabo. Veamos aquí dos formas extremas:
Corrientes liberales
Nozick: "la propiedad privada es un derecho natural con el mismo rango que el derecho a la vida y a la libertad"
Nozick considera, por tanto, que ningún Estado está moralmente legitimado para redistribuir renta y que cualquier intento de hacerlo (mediante el cobro de impuestos, por ejemplo) sería tan condenable como el robo
Hayek - Friedman: "la intervención pública en busca de la justicia social es inútil y perjudicial; inútil porque los mercados (mecanismos impersonales) no pueden generar situaciones justas o injustas (eso lo hacen las personas) y perjudicial porque anulan los valores individuales del mérito y la libertad"
Para Friedman, el papel del Estado en cuanto a redistribución de renta deberá ser residual con el objetivo de paliar situaciones de miseria
Corrientes colectivistas
Destacado: socialismo marxista
La justicia social existe y está definida desde una triple óptica:
Igualdad = ( Igualación de oportunidades + Igualación de la distribución de resultados ) en relación a las necesidades de cada cual
Libertad = Ejercicio de la elección individual bajo condiciones de igualdad (económica y política) y estabilidad en el empleo
Bien colectivo = Antepuesto a los deseos individuales y cuyo contenido será interpretado por el Estado
Para Marx, el logro pleno de estos tres objetivos es incompatible con la propiedad privada y el mercado ya que éstas permiten a una minoría (capitalistas) explotar la desigualdad y apropiarse de algo que pertenece a la clase trabajadora (plusvalía). El Estado, pues, deberá intervenir totalmente sustituyendo la propiedad privada por la pública con objeto de garantizar la consecución de los tres objetivos anteriormente mencionados.
Los fallos de mercado como justificación de la intervención estatal en la actividad económica
Una vez vistas las causas o motivos que generan el debate de la idoneidad de la intervención estatal en la actividad económica, nos centraremos en el primer grupo, el que hace alusión a las cuestiones de eficiencia.
Cuando el mercado no es eficiente suele decirse que éste falla. Estudiaremos en este epígrafe los fallos de mercado más generales. Veremos:
Competencia imperfecta - Monopolio natural
Bienes públicos
Efectos externos
Información imperfecta
Mercados incompletos - Información asimétrica
Competencia imperfecta - Monopolio natural
Para que exista competencia perfecta (supuesto de eficiencia) es necesario que se den dos condiciones básicas:
igual poder no económico
los agentes son precio-aceptantes
En la realidad encontramos sectores con barreras de entrada, discriminación por razones de sexo, raza, religión, etcétera. Es obvio que existen otras razones no económicas que establecen diferencias tanto en productores como en productores. El Estado intervendrá estableciendo regulaciones y participando activamente (por ejemplo, ayudando a jóvenes empresarios a obtener financiación que, de otro modo, les sería muy difícil conseguir).
Los agentes tomarán los precios como datos siempre que exista un número muy grande de ellos en el mercado. Situaciones de oligopolio con importantes barreras de entrada hacen que este supuesto no se cumpla.
Un caso especial de monopolio es el monopolio natural que suele aparecer en la provisión de ciertos servicios públicos. Suele darse en sectores donde hay rendimientos crecientes de escala, resultando socialmente más barato que lo produzca una empresa que se encargue de ello un gran número de empresas competitivas.
Ejemplos de monopolios naturales los encontramos en los monopolios públicos que todos los gobiernos han explotado alguna vez (telefonía, energía, ferrocarril, etcétera). Son empresas con grandísimos costes fijos que exigen un precio superior al coste marginal para poder generar beneficios. La intervención del Estado consistente en reducir ese precio para igualarlo al resultado competitivo (precio = coste marginal) hará que la empresa genere pérdidas, que pueden ser financiadas, en principio, a través de impuestos o a través de la discriminación de precios.
Bienes públicos
La mayoría de los bienes intercambiados en los mercados cumplen con los principios de:
Rivalidad en el consumo: el bien solamente es consumido por un individuo (una manzana)
Exclusión en el consumo: el individuo que no paga el precio del bien es excluido de su consumo (una manzana)
Con este tipo de bienes no hay problemas. Las dudas aparecen cuando no se cumplen estos principios:
Si el consumo de un bien es no rival, podrá ser consumido por un grupo de individuos (la defensa nacional). Existen grados de rivalidad (una autovía congestionada es un bien de consumo rival)
Si el consumo no es excluible, los agentes que no paguen un precio podrán seguir consumiendo el bien.
Pues bien:
La rivalidad distingue los bienes privados (rivales) de los públicos (no rivales) los cuales, a su vez, podrán ser públicos puros (no rivalidad completa: defensa nacional) o públicos impuros (no rivalidad incompleta: educación)
Los bienes públicos pueden ser excluibles o no excluibles (autopista o defensa nacional, respectivamente)
Los problemas de provisión en el mercado aparecen cuando el bien público es no excluible, ya que aparecerán los free riders (usuarios gratuitos o polizones) los cuales no pagarán por el bien y lo consumirán. Como es previsible que los agentes se comporten como free riders, ninguna empresa privada proveerá el bien, debiendo hacerlo el Estado. Aquí está la justificación.
Efectos externos
En ocasiones, las decisiones de producción o consumo generan efectos en otros agentes que no están recogidos en los precios. Veamos algunos ejemplos:
Producción:
Una industria conservera que vierte a la cabecera de un río los residuos de su actividad perjudica seriamente a las huertas de lechuga ubicadas en la vega baja del mismo cauce. La industria está generando un efecto externo negativo en la producción de lechugas.
Un apicultor que ubica las colmenas cerca de una plantación genera efectos positivos en ésta última ya que las abejas contribuirán a la productividad de la plantación. El apicultor está generando un efector externo positivo en la producción de la plantación.
Consumo:
Un compañero de piso fumador genera olores que enturbian y enmascaran el sabor y aroma de la comida de su amig@. El consumo de cigarrillos por parte del primero está generando un efecto externo negativo en el consumo de comida por parte del segundo.
Un país donde el 100 % de sus ciudadanos consumen y completan la Educación Secundaria Obligatoria provocará efectos positivos a toda la comunidad. Se está generando un efecto externo positivo en el consumo.
El problema de los efectos externos es que no son tenidos en cuenta por el sujeto que los genera. Para el caso de los efectos externos negativos, es claro que el mercado no hace que el causante los asuma como coste y para el caso de los positivos, el mercado no le compensa por generarlos.
El Estado puede intervenir en este caso, obligando a asumir como coste la externalidad negativa a quienes las generan y compensando a los causantes de las positivas. Aquí está la justificación. Las medidas a tomar son:
- Legislación que asigne derechos de propiedad: con esto se intenalizarán los efectos externos. Hay que señalar que para internalizar estos efectos, es indiferente a qué parte le correspondan los derechos de propiedad como demostró Coase.
- Regulación: que establezca los niveles eficientes de producción o consumo del bien o servicio que genera la externalidad. El problema: conocer el nivel de perjuicio, la valoración individual de los daños o beneficios provocados, las cuotas de producción o consumo para cada agente y, por último, la viabilidad de la propia regulación que puede generar más costes que beneficios.
- Financiación: El Estado puede internalizar los efectos externos usando tributos (efectos negativos) y subvenciones (efectos positivos), tal y como propuso Pigou. Los problemas de aplicación son parecidos a los de la regulación, sobre todo en lo referente a la revelación de la disposición a pagar-cobrar de los agentes implicados.
Información imperfecta
Para que los mercados sean eficientes, la información debe ser perfecta. Sin embargo, observamos que esto no suele ocurrir. Existen deficiencias en torno a tres variables: calidad, precio y futuro.
Calidad: Un consumidor no tiene información exacta acerca de la calidad de ciertos productos o servicios. Es necesaria la intervención del Estado para garantizar esa información (etiquetado, higiene laboral, etcétera)
Precio: En algunos bienes o servicios, la información sobre precios es costosa (productos financieros, reparación de automóviles, etcétera). El Estado regulará estas situaciones.
Futuro: Si la información sobre posibles contingencias futuras no es amplia, se estaría vulnerando también este supuesto.
Información asimétrica
En ocasiones no hay mercados completos. La causa hay que buscarla en la información asimétrica, la cual aparece de dos maneras:
Selección adversa: Una aseguradora no puede determinar con exactitud qué clientes caerán enfermos y cuáles no. Esto le conducirá a cobrar una cuota media a sus asegurados. Esto produce una discriminación en favor de los individuos de alto riesgo y en contra de quienes llevan una vida saludable. Si las personas con vida saludable renunciaran al seguro, las pérdidas esperadas convertirían este mercado en imposible.
En ciertas coberturas como ésta, el Estado proveerá este servicio (seguridad social) o regulará (normativa de solvencia para las entidades de crédito).
Riesgo moral: Se da cuando el asegurado influye sobre la probabilidad de que ocurra una contingencia desfavorable para el asegurador sin que éste lo observe. El asegurador vinculará las primas al historial del asegurado. Las soluciones a este problema pueden ser privadas (aseguradoras de automóviles) o públicas (seguro de desempleo)
2.3.- Principios Generales de las politicas sociolaborales en el mercado de trabajo
CONCEPTO DE POLITICAS SOCIOLABORALES * Son políticas, acciones que intervienen directamente en el trabajo. No son políticas sociolaborales todas las sociales, ni todas las laborales, sino más bien aquellas que simultáneamente pertenecen a ambas categorías. La materia sociolaboral engloba e integra aquellos puntos de unión entre lo social y lo laboral, al tiempo que desdeña otras parcelas sociales pero no laborales o laborales pero no sociales.
Políticas sociales son todas aquellas políticas que afectan a la sociedad en su conjunto. Hay que dotar a la vertiente social del concepto de políticas sociolaborales de un contenido más preciso que permita distinguir a aquella de la política laboral. El elemento definitorio de las políticas es que éstas se estructuran en torno a derechos sociales, procurando su satisfacción. Es aquella que constituye el desarrollo de un derecho considerado social.
CARACTERISTICAS POLITICAS PUBLICAS SOCIOLABORALES:
1.- Satisfacción de necesidades básicas: bienestar y dignidad vital de la población
2.- Son derechos de prestación: exigen para su efectividad una actuación concreta de los poderes públicos , dicha intervención pública se materializa en la regulación de actividades privadas ( fijando condiciones mínimas de trabajo) en la transferencia de recursos monetarios (recaudando cuotas para la SS) o en la provisión de bienes o servicios (garantizando la educación, asistencia sanitaria).
3.- No son derechos subjetivos perfectos, no son exigibles por la ciudadanía ante los tribunales. Son derechos relativos , los derechos sociales responden al contexto concreto en el que se encuentre su titular, variando según se trate de un trabajador, un jubilado, un joven, una madre, un minusválido,...
4.- Son derechos basados en la solidaridad comunitaria: los derechos sociales sólo son viables si existe un mínimo de solidaridad en la comunidad que permita a los más necesitados acceder a prestaciones y servicios básicos (educación, sanidad, ..), sufragados por los más pudientes. Tienen un contenido de carácter económico, que condiciona su prestación ilimitada. Los derechos sociales, funcionan como mecanismo de integración y de cohesión social, en definitiva: de igualdad.
5.- Son derechos de titularidad individual, se excluyen los derechos colectivos ( sindical, huelga,..)
6.- Son derechos tendencialmente universales; los derechos sociales no son derechos "de clase", sino de todos los individuos. Son las orientaciones de carácter político las que configuran estos derechos.
EN QUE CONSISTEN LAS POLITICAS SOCIOLABORALES:
Afectan directa o indirectamente a las relaciones entre los sujetos que intervienen en el mercado de trabajo. Las políticas sociolaborales , son aquella parte de las políticas sociales que de forma directa o indirecta persiguen afectar al grupo de personas que desarrollan actividades productivas, y a los sujetos que facilitan dicho desarrollo, al mismo tiempo que influencian el desarrollo de dicha actividad.
Políticas laborales: relaciones empresario-trabajador y además todas aquellas actuaciones que afectan a los sujetos que participan en las RRLL, y las personas dependientes de esto. Trabajadores por cuenta ajena y también a todas las personas que tengan un trabajo retribuido como profesión. Quedarían fuera de protección otras manifestaciones del trabajo no retribuido (estudiantes, voluntarios, trabajo reproductivo,...)
Aquellas que indirectamente se destinan a la protección de los ciudadanos en diversas facetas de su vida: sanidad, formación, vivienda, desempleo,...
No hay una construcción estática permanente de las políticas sociolaborales, sino que pueden cambiar de forma rápida según las idealogías del momento.
3.- AMBITOS DE ACTUACION DE LAS POLITICAS SOCIOLABORALES:
Dependiendo de la autoridad pública (gobiernos), que estén capacitados o tengan competencia para tomar decisiones en materia de política sociolaboral así será la misma. Estos organismos pueden ser:
1.- Internacionales: políticas públicas que o bien se adoptan a escala supraestatal o bien afectan a sujetos que afectan en tal espacio. Entre ellas: medidas relativas a la entrada y circulación de personas conforme a las disposiciones de asilo, visado e inmigración y el fomento de la coordinación entre las políticas en materia de empleo de los Estados miembros, siempre con el objetivo común de eliminar las desigualdades.
2.- Nacionales: adopción de una política que afecte al ámbito nacional, deberá ser adoptada por los organismos estatales competentes, sin que exista ninguna posibilidad de que organismos de ámbitos más reducidos puedan elaborar políticas públicas sobre esas cuestiones.
3.- Regionales.
4.- Locales.
Ejemplos de Politicas Sociolaborales como politicas públicas que establece el Estado para su aplicación. Entre ellas:
1.- La política de empleo como política sociolaboral
2.- La formación profesional como política sociolaboral
3.- Las políticas sociolaborales en torno a la juventud.
4.- La política sociolaboral dirigida al colectivo de personas con minusvalía.
5.- La política sociolaboral en materia de familia.
6.- La política sociolaboral a favor de las personas de edad avanzada.
7.- Políticas sociolaborales a favor de los excluidos sociales.
2.4.- La evaluación de las políticas relativas al mercado de trabajo.
Concepto de Mercado de Trabajo:
Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario, de comodidades, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo.
En el mercado de trabajo se denomina "trabajador" al que ofrece su trabajo, y "empleador" al que demanda trabajo. El acuerdo entre el trabajador y el empleador que da origen a la relación laboral se denomina contrato de trabajo. El precio del trabajo se denomina salario o remuneración.
INDICADORES DE EVALUACION DEL MERCADO DE TRABAJO
Para analizar y evaluar el estado y características del mercado de trabajo se utilizan una serie de indicadores. Los más importantes son:
- Población económicamente activa (PEA): es la cantidad de personas en una población edad de trabajar y que desean trabajar.
- Desempleo o desocupación: se refiere a las personas que integran la PEA y no se encuentran empleados.
- Subempleo: se refiere a las personas que trabajan menos tiempo que el que establece la jornada legal (usualmente entre 35 y 45 horas semanales).
- Índice de salario real: mide el aumento o disminución del promedio de los salarios en su poder de compra.
- Empleo informal: índicador muy utilizado pero sin una definición única. Se refiere a las personas que poseen empleos que carecen algunos elementos básicos: registración, protección legal, seguridad social, estabilidad, relación laboral, etc.
- Feminización: se refiere a la cantidad de mujeres presentes en un mercado de trabajo.
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POBLACION
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Ene 2009
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Feb 2009
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Mar 2009
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TOTAL
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27.979.840
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28.017.400
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28.050.457
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DE 15 AÑOS Y MAS
|
19.646.904
|
|
19.681.835
|
|
19.712.168
|
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|
ACTIVA
|
12.631.063
|
|
12.515.764
|
|
12.809.030
|
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|
TASA DE ACTIVIDAD (%)
|
64,3
|
|
63,6
|
|
65,0
|
|
|
OCUPADA
|
11.430.173
|
|
11.588.719
|
|
11.875.454
|
|
|
TASA DE OCUPACION (%)
|
90,5
|
|
92,6
|
|
92,7
|
|
|
DESOCUPADA
|
1.200.890
|
|
927.045
|
|
933.576
|
|
|
TASA DE DESOCUPACION (%)
|
9,5
|
|
7,4
|
|
7,3
|
|
|
CESANTE
|
1.149.766
|
|
843.302
|
|
860.157
|
|
|
TASA DE CESANTIA (%)
|
9,1
|
|
6,7
|
|
6,7
|
|
|
B.T.P.P.V
|
51.124
|
b/
|
83.743
|
b/
|
73.419
|
b/
|
|
TASA DE B.T.P.P.V (%)
|
0,4
|
b/
|
0,7
|
b/
|
0,6
|
b/
|
|
INACTIVA
|
7.015.841
|
|
7.166.071
|
|
6.903.138
|
|
|
TASA DE INACTIVIDAD (%)
|
35,7
|
|
36,4
|
|
35,0
|
|
|
HOMBRES
|
14.029.732
|
|
14.048.062
|
|
14.064.094
|
|
|
DE 15 AÑOS Y MAS
|
9.772.709
|
|
9.789.689
|
|
9.804.166
|
|
|
ACTIVA
|
7.714.789
|
|
7.725.028
|
|
7.779.450
|
|
|
TASA DE ACTIVIDAD (%)
|
78,9
|
|
78,9
|
|
79,4
|
|
|
OCUPADA
|
6.992.797
|
|
7.146.266
|
|
7.235.825
|
|
|
TASA DE OCUPACION (%)
|
90,6
|
|
92,5
|
|
93,0
|
|
|
DESOCUPADA
|
721.992
|
a/
|
578.762
|
a/
|
543.625
|
a/
|
|
TASA DE DESOCUPACION (%)
|
9,4
|
a/
|
7,5
|
a/
|
7,0
|
a/
|
|
CESANTE
|
698.439
|
a/
|
538.206
|
a/
|
509.371
|
a/
|
|
TASA DE CESANTIA (%)
|
9,1
|
a/
|
7,0
|
a/
|
6,6
|
a/
|
|
B.T.P.P.V
|
23.553
|
c/
|
40.556
|
c/
|
34.254
|
c/
|
|
TASA DE B.T.P.P.V (%)
|
0,3
|
c/
|
0,5
|
c/
|
0,4
|
c/
|
|
INACTIVA
|
2.057.920
|
|
2.064.661
|
|
2.024.716
|
|
|
TASA DE INACTIVIDAD (%)
|
21,1
|
|
21,1
|
|
20,7
|
|
|
MUJERES
|
13.950.108
|
|
13.969.338
|
|
13.986.363
|
|
|
DE 15 AÑOS Y MAS
|
9.874.195
|
|
9.892.146
|
|
9.908.002
|
|
|
ACTIVA
|
4.916.274
|
|
4.790.736
|
|
5.029.580
|
|
|
TASA DE ACTIVIDAD (%)
|
49,8
|
|
48,4
|
|
50,8
|
|
|
OCUPADA
|
4.437.376
|
|
4.442.453
|
|
4.639.629
|
|
|
TASA DE OCUPACION (%)
|
90,3
|
|
92,7
|
|
92,3
|
|
|
DESOCUPADA
|
478.898
|
a/
|
348.283
|
a/
|
389.951
|
a/
|
|
TASA DE DESOCUPACION (%)
|
9,7
|
a/
|
7,3
|
a/
|
7,8
|
a/
|
|
CESANTE
|
451.327
|
a/
|
305.096
|
a/
|
350.786
|
a/
|
|
TASA DE CESANTIA (%)
|
9,2
|
a/
|
6,4
|
a/
|
7,0
|
a/
|
|
B.T.P.P.V
|
27.571
|
c/
|
43.187
|
c/
|
39.165
|
b/
|
|
TASA DE B.T.P.P.V (%)
|
0,6
|
c/
|
0,9
|
c/
|
0,8
|
b/
|
|
INACTIVA
|
4.957.921
|
|
5.101.410
|
|
4.878.422
|
|
|
TASA DE INACTIVIDAD (%)
|
50,2
|
|
51,6
|
|
49,2
|
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B.T.P.P.V: Buscando Trabajo por Primera Vez.
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a/ Presentan coeficientes de variación entre el 5% y el 10%.
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b/ Esta cifra presenta un coeficiente de variación mayor a 10% y menor o igual a 20%
c/ Presentan coeficientes de variación mayores del 20%
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El resto de las cifras presentan coeficientes de variación menores del 5%.
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Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, "Indicadores de la Fuerza de Trabajo"
Para diciembre de 2002 y enero de 2003 no se dispone de información
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Las políticas del mercado de trabajo se diferencian de las políticas de empleo y de las políticas laborales. En este proyecto, el término políticas del mercado de trabajo se entiende como "un conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene en dicho mercado, con objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación". Por medio de políticas 'activas' o 'pasivas', se pretende "facilitar el enlace entre trabajadores y puestos de trabajo, ayudar a solventar los costos de búsqueda, coadyuvar al mejoramiento de las habilidades de los desempleados y de los ocupados en pequeña o micro empresa, y apoyar directa o indirectamente la creación de fuentes de trabajo o el mantenimiento de las existentes". (Samaniego, 2002)
